Nariño y Cauca: dos departamentos bajo fuego cruzado de grupos armados

Más de doscientas veinticinco personas abandonaron sus veredas en el noroccidente de Nariño en menos de un mes para refugiarse en el casco urbano de Los Andes-Sotomayor. Según la información publicada en eltiempo.com, el desplazamiento masivo se suma a una cadena de violencia que afecta a comunidades rurales de la región, donde la presencia de grupos armados ha intensificado los enfrentamientos y las amenazas contra la población civil.

En Popayán, la Personería Municipal emitió una alerta sobre una crisis estructural en el área rural por la expansión de grupos armados en la zona. Las autoridades locales advirtieron que la presión ejercida por estas estructuras ilegales está generando un clima de inseguridad generalizada y obligando a familias enteras a abandonar sus tierras. El informe de eltiempo.com destaca que la expansión de estas bandas criminales en el Cauca ha sido constante en las últimas semanas, con reportes de control territorial en varios corregimientos.

Mientras tanto, en Córdoba, un grupo armado ilegal que mantiene alerta en cinco municipios del departamento se prepara para sentarse a dialogar con el Gobierno nacional en Tierralta. Según eltiempo.com, esta estructura criminal opera con métodos delictivos que incluyen extorsión, control de economías ilegales y violencia selectiva contra líderes sociales. La negociación, enmarcada en la estrategia de 'Paz Total', enfrenta el desafío de frenar la escalada de violencia previa a cualquier acuerdo.

El puente festivo del Sagrado Corazón en Bolívar ha movilizado a más de mil quinientos uniformados para garantizar la seguridad de los viajeros. Las autoridades departamentales informaron que el reforzamiento policial busca evitar incidentes en una fecha de alta movilidad turística, aunque el contexto de violencia en otras regiones del país mantiene en vilo a las comunidades afectadas por la presencia de grupos armados.

La situación en Nariño y Cauca refleja la presión que ejercen las estructuras criminales sobre el territorio, mientras el Gobierno avanza en procesos de diálogo con algunas bandas en Córdoba. Las comunidades, sin embargo, sufren las consecuencias inmediatas: desplazamiento forzado, restricciones a la movilidad y un clima de incertidumbre que se extiende más allá de las zonas urbanas.