Contraloría revela millonario detrimento en Hidroituango

La Contraloría de Antioquia reveló un presunto detrimento patrimonial de 108.000 millones de pesos en Empresas Públicas de Medellín (EPM) por el cambio de contratistas en el proyecto Hidroituango. Según el informe, las modificaciones en los contratos habrían generado sobrecostos y perjuicios económicos al ente público, que opera la mayor hidroeléctrica del país. El organismo de control anunció que profundizará la investigación para determinar responsabilidades administrativas y penales, si las hubiere.

El caso se suma a una serie de irregularidades documentadas en Hidroituango, megaproyecto emblemático para Antioquia y Colombia. EPM, dirigida por Jorge Londoño Ulloa, ha enfrentado críticas por retrasos y sobrecostos desde su inicio, pero este hallazgo introduce un nuevo capítulo en las controversias que rodean su gestión. La Contraloría no detalló qué contratistas estuvieron involucrados ni en qué fase del proyecto ocurrieron las irregularidades, aunque advirtió que la cuantía del presunto detrimento justifica una revisión exhaustiva.

Mientras tanto, en Medellín, otro escándalo sacudió la campaña de Abelardo de la Espriella. Un escolta de su equipo portaba un arma sin permisos durante los escrutinios en Plaza Mayor. La Fiscalía abrió investigación por porte ilegal de armas de fuego, un delito que en Colombia puede acarrear penas de hasta 10 años de prisión. De la Espriella, abogado y candidato a la Alcaldía, no se pronunció al respecto, pero su campaña enfrenta ahora un nuevo cuestionamiento sobre el cumplimiento de las normas de seguridad.

En Cali, el clima de tensión post electoral se agravó con la difusión de imágenes que muestran el momento exacto de un homicidio durante protestas tras la segunda vuelta. Un sicario disparó contra una persona en plena vía pública, y el ataque fue captado en una transmisión en vivo. Las autoridades no han confirmado si el crimen está relacionado con los resultados electorales, pero la Fiscalía abrió una pesquisa para identificar a los responsables. El video, difundido por medios locales, evidencia la fragilidad del orden público en medio de la polarización política.