
La ministra de Desarrollo Social alerta sobre la situación de menores migrantes en Chile y exige soluciones inmediatas.
La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, definió este sábado como una "urgencia para el Gobierno de Chile" el caso de los niños haitianos en situación irregular. Su declaración responde a la presión social por la demora en regularizar su estatus migratorio y garantizar sus derechos fundamentales. Wulf aseguró que el Ejecutivo trabaja en coordinación con otros ministerios para agilizar los procesos administrativos que afectan a estos menores, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad extrema tras meses en albergues provisionales.
El pronunciamiento de la ministra se produce en un contexto de creciente tensión en el norte del país, donde la llegada masiva de migrantes —incluyendo familias con hijos— ha saturado los sistemas locales de acogida. Según datos del Ministerio del Interior, más de 1.200 menores haitianos han ingresado al país en lo que va de 2026 sin acompañamiento adulto, lo que ha disparado las alertas en organizaciones de derechos humanos. Wulf destacó que el Gobierno priorizará la reunificación familiar como vía prioritaria, aunque reconoció que el proceso enfrenta "barreras estructurales" en el sistema judicial.
Mientras tanto, la Defensoría de la Niñez ya había instado a las autoridades a actuar con celeridad tras la denuncia de maltrato en un centro de Antofagasta, donde tres menores fueron hospitalizados por desnutrición. El organismo exigió una investigación transparente y la implementación de protocolos de protección infantil. Paralelamente, el Servicio Jesuita a Migrantes alertó que al menos 300 niños siguen sin acceso a educación básica, un derecho constitucional que el Estado no ha podido garantizar.
El Gobierno de Gabriel Boric enfrenta ahora el desafío de equilibrar el discurso humanitario con las restricciones impuestas por la Ley de Migración y Extranjería, aprobada en 2023. Aunque el Ejecutivo ha aumentado en un 40% los cupos para regularización en 2026, los trámites burocráticos siguen siendo un cuello de botella. Wulf cerró su intervención subrayando que "la dignidad no tiene plazos", pero reconoció que la solución requiere de un enfoque multisectorial que aún no logra consolidarse.
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