
Ocho de cada diez chilenos exigen proteger las costas según Greenpeace. Gobierno evalúa medidas tras informe de digitalización de plantas.
Ocho de cada diez ciudadanos en Chile consideran prioritaria la conservación marina, según datos de Greenpeace. La demanda social ha llevado al Gobierno a revisar políticas para las costas, donde el 80% de la población respalda acciones urgentes. El informe de Greenpeace destaca que la protección del mar debe ser una política de Estado, especialmente tras recientes casos de tráfico de menores que involucran a migrantes haitianos en el país.
Mientras, el Ministerio de Medio Ambiente evalúa medidas concretas para reforzar la fiscalización en zonas costeras. Fuentes del Gobierno confirmaron que se analizan protocolos de vigilancia en puertos y áreas protegidas, en coordinación con la Armada y Carabineros. La presión ciudadana coincide con un informe de la Universidad de Concepción que sitúa a Chile entre los líderes mundiales en digitalización de plantas industriales, un dato que contrasta con los desafíos ambientales pendientes.
El tráfico de niños haitianos, denunciado por medios internacionales, ha acelerado la revisión de los sistemas de control migratorio. BioBioChile reportó ingresos irregulares de menores a través de pasos fronterizos, lo que obligó a reforzar las inspecciones en puntos como Colchane. Autoridades de Migración trabajan con Interpol para desarticular redes que operan en el norte del país, donde la fiscalización se ha intensificado desde 2023.
Greenpeace Chile exigió al Ejecutivo medidas inmediatas, como la creación de un fondo de emergencia para la protección marina. La organización recordó que el 30% de los ecosistemas costeros están en riesgo por la sobreexplotación y la contaminación. Paralelamente, el Gobierno avanza en un plan piloto para digitalizar trámites ambientales, una iniciativa que podría reducir burocracia pero que aún no incluye salvaguardas para la conservación marina.

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