Acuerdo bilateral para combatir narcotráfico tras casi dos décadas sin colaboración activa. Protestas paralizan el país y ahogan economía
Tras dieciocho años sin cooperación activa, Estados Unidos y Bolivia han reactivado su alianza en la lucha contra el narcotráfico. El anuncio lo confirmó el embajador estadounidense en La Paz, Michael Kozak, durante una reunión con autoridades bolivianas el pasado 12 de junio. Según El Universo, el acuerdo incluye el intercambio de inteligencia y apoyo logístico para desarticular redes de producción y tráfico de drogas en territorio boliviano, especialmente en las regiones de Cochabamba y Santa Cruz, históricas zonas de cultivo de hoja de coca.
El restablecimiento de esta colaboración ocurre en un momento crítico para Bolivia. Rodrigo Paz, ministro de Gobierno, enfrenta una crisis sin precedentes tras más de un mes de protestas masivas que han paralizado carreteras, mercados y servicios básicos en varias regiones del país. Según Aurora Noticias, las movilizaciones, lideradas por transportistas, comerciantes y sectores sociales, exigen la renuncia del gobierno y la solución a la crisis económica. La estrategia de "desgaste" aplicada por Paz se tambalea ante el bloqueo de rutas clave como la carretera a Oruro, donde miles de transportistas permanecen atrapados desde hace dos semanas, según reportó DW.com.
La crisis política se agrava con el peso de la deuda externa. Hasta mayo de 2026, Bolivia registró una deuda de 14.418,1 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía citados por Yahoo. Este monto, que equivale al 35% del PIB nacional, limita la capacidad del gobierno para responder a las demandas sociales y financiar programas de desarrollo. La falta de liquidez ha agravado la escasez de combustibles y alimentos en zonas rurales, donde el desabastecimiento alcanza niveles críticos.
La reactivación de la cooperación antidrogas llega en un contexto de tensión diplomática. Mientras Washington presiona para reducir los cultivos de coca, el gobierno boliviano defiende su política de "coca orgánica" y el control estatal sobre la hoja sagrada. Diario Las Américas destaca que el acuerdo podría suavizar las relaciones bilaterales, deterioradas tras la expulsión de la DEA en 2008, pero deja en evidencia la fragilidad institucional de Bolivia, atrapada entre protestas sociales, crisis económica y presión internacional.
¿Logrará este pacto estabilizar el país o profundizará las divisiones entre el gobierno y la sociedad?
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